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En defensa de los repositorios de acceso abierto

Infog Rep 2024

En los últimos meses han aparecido noticias alarmantes sobre la exigencia de pagos para permitir el depósito en abierto dentro de los repositorios institucionales de nuestras universidades y centros de investigación. 

Por otra parte, las últimas convocatorias nacionales han provocado una serie de noticias e intervenciones de terceros en las redes que evidencian que persiste el desconocimiento sobre los repositorios. 

Las bibliotecas integrantes de REBIUN, gestoras de estas infraestructuras desde hace muchos años y que durante tanto tiempo han defendido la necesidad de una ciencia abierta para el desarrollo del conocimiento compartido, quieren elevar este escrito a manera de manifiesto de reivindicación de su fundamental importancia para el desarrollo de la investigación y, por tanto, de la sociedad, en línea con asociaciones y consorcios de bibliotecas de otros países.


 EN DEFENSA DE LOS REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO   
 
La Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN) se hace eco de las reacciones que ha suscitado, desde distintos colectivos de la comunidad internacional de repositorios de acceso abierto, la aparición de una nueva vía de beneficio económico editorial, el llamado Article Development Charge (ADC), por el que la American Chemical Society (ACS) pretende cobrar $2.500 al personal investigador para permitirle el acceso abierto inmediato, sin periodos de embargo, de sus manuscritos aceptados en repositorios. 

La Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) pone en cuestión el supuesto valor añadido de esta nueva vuelta de tuerca en la política de ACS para el autoarchivo y depósito en repositorios de acceso abierto. En esta línea, el Consejo de Bibliotecarios Universitarios de Australia (CAUL) y el grupo de acceso abierto de Australasia habla, sin ambages, de prácticas típicas de double dipping y muestra su preocupación por la introducción de un nuevo tipo de recargo editorial que dificulta una transición transparente, sostenible y equitativa a un paradigma global de acceso abierto. En esta misma línea se manifiesta la Confederación de bibliotecas Ivy Plus (IPLC), que entiende que esta medida desafía la práctica establecida, desde hace mucho tiempo, de que el personal investigador comparta manuscritos a través de repositorios de acceso abierto, perjudicando, de forma especial, al igual que muchos modelos de pago por autoría, a las humanidades y a la investigación de instituciones y países con menos financiación. Por lo tanto, este nuevo cargo va en contra de un ecosistema de comunicación académica abierto e inclusivo al perjudicar seriamente el derecho del personal investigador a difundir en acceso abierto sus trabajos en repositorios y al dificultar la misión de estos últimos.

Las políticas a favor de acceso abierto inmediato a publicaciones revisadas por pares, sin periodos de embargo posibles, de una creciente parte de las agencias financiadoras, entre las que destaca la Coalición S, han abierto la puerta, lamentablemente, a prácticas editoriales repudiables que, al tiempo que perjudican a la comunidad global de repositorios, privilegian la vía de la publicación en acceso abierto en las propias revistas, frecuentemente mediante pagos de Article Processing Charges (APCS) o a través de acuerdos transformativos.  Así, un nutrido grupo de editoriales comerciales ponen cortapisas al requisito exigido por un número creciente de agencias financiadoras e instituciones para que el personal investigador aplique una licencia Creative Commons CC BY a sus manuscritos, tal y como pone de manifiesto el portal de CoalitionS en la sección sobre su política de Retention Rights. Este requisito es esencial para garantizar la libertad de enviar manuscritos a cualquier revista y se pueda, al mismo tiempo, autoarchivar de forma inmediata los trabajos publicados en revistas de suscripción, independientemente de las restricciones o períodos de embargo impuestos por las editoriales.

Dificultar los derechos del personal investigador para difundir sus manuscritos inmediatamente a través de repositorios mediante nuevos costes e ignorando los compromisos previos adquiridos con sus agencias financiadoras/instituciones de afiliación son prácticas contrarias a las tendencias actuales a favor de un sistema de ciencia abierta. Además, esta interferencia en la gestión de derechos de explotación de las versiones manuscritas presupone erróneamente que los grupos editoriales disponen de los derechos de propiedad intelectual necesarios para decidir sobre la difusión de versiones previas a la publicación editorial. En este marco debe interpretarse el nuevo recargo editorial impuesto por ACS. CoalitionS también se ha posicionado contraria a esta medida y recuerda que, con ella, ACS, que forma parte de OASPA, incumple el apoyo que esta asociación de editores de publicaciones académicas de acceso abierto presta a los autores para que conserven sus derechos.

En España, la comunidad de repositorios de acceso abierto es muy significativa, tanto en volumen como en logros y acciones para facilitar el acceso abierto a los resultados de investigación de su comunidad científica. La vía de acceso abierto a través de repositorios institucionales o temáticos ha tenido un papel relevante desde la aprobación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, relevancia que se mantiene en su ulterior modificación por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, en la actual Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) 2023-2027 y en la convocatoria de sexenios 2023 lanzada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). Sin embargo, existen obstáculos reales para que la misión de los repositorios pueda llevarse a cabo de manera óptima.

Por ello, abogamos por la implantación de nuevas medidas que garanticen el desempeño eficiente de los repositorios de la comunidad española, como, por ejemplo:

 

1. Inclusión de cláusulas de retención de derechos (retention rights) en las contrataciones de acuerdos transformativos.

Mediante la referencia explícita a estos derechos en estos contratos con grupos editoriales, la investigación española financiada con fondos públicos estará mejor capacitada para cumplir con la política marcada por la Ley de la Ciencia y la ENCA, al quedar explícita la titularidad de los derechos de autor sobre todas las versiones manuscritas previas a la versión final editorial, y con la licencia Creative Commons de su elección. De esta manera, el personal investigador podrá disponer sin cortapisas de sus resultados de investigación y decidir su difusión mediante repositorios y otros usos libremente, independientemente de que la publicación final editorial esté o no en acceso abierto en las plataformas editoriales.

2. Nuevos servicios de valor añadido para las instituciones suscriptoras de acuerdos transformativos y/o de suscripción.

Existe una creciente presión por parte de las bibliotecas de investigación y sus instituciones, así como por parte de agencias financiadoras, para que los grupos editoriales justifiquen de manera transparente y responsable la distribución de costes y beneficios asociados a los desorbitantes pagos que exigen por sus gestiones de publicación en acceso abierto. Como resultado, los grupos editoriales han mejorado en general sus informes y servicios relativos a las bibliotecas de investigación. Sin embargo, existe margen de maniobra para seguir avanzando con gestiones más ágiles en torno a los manuscritos, así como en los sistemas de notificaciones y depósito.

3.    Nuevos desarrollos legislativos en España a favor de la ciencia abierta.

El marco legislativo de la propiedad intelectual no aborda esta cuestión, como tampoco lo hacen otros desarrollos jurídicos más recientes asociados a la ciencia abierta al no incluir disposiciones a favor de excepciones que faciliten la práctica de los llamados derechos de publicación secundarios por parte de los organismos de investigación y universidades financiadas con fondos públicos.


Estas medidas, actualmente ausentes en el panorama español, y en sintonía con llamamientos similares a nivel internacional de la mano de Knowledge Rights 21, SPARC EUROPE, LIBER EUROPE y otros pueden ser un espaldarazo definitivo para que el compromiso del sistema español de investigación con la ciencia abierta se haga realidad.
 


Para difusión de la infografía usaremos el hashtag #defensarepositorios. 

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